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El falso cooperativismo y el discurso de la «fórmula jurídica»

De las costureras precarizadas que Inditex y El Corte Inglés llamaron «cooperativas» a las cadenas globales de Mondragón donde unos deciden y otros obedecen, la historia nos enseña que la forma jurídica «cooperativa» puede ocultar la peor subordinación. Los maximalistas proponemos otra vara de medir: una cooperativa de trabajo sólo merece ese nombre si quienes trabajan gobiernan de verdad su hacer, comparten el saber, ensanchan su libertad material y construyen abundancia para toda la comunidad.

El falso cooperativismo y el discurso de la «fórmula jurídica»
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La trampa de llamar al cooperativismo «fórmula jurídica»

Hay una pregunta que el cooperativismo de trabajo oficial no se atreve a formular en voz alta: ¿cuándo una cooperativa de trabajo deja de serlo? La cuestión no es cuándo pierde la condición legal sino en qué momento la forma jurídica se convierte en una cáscara vacía, un envoltorio que protege relaciones de poder idénticas a las de cualquier empresa convencional.

Porque si algo nos ha enseñado la historia reciente del cooperativismo es que se puede tener asamblea y no tener soberanía. Se puede votar y no gobernar nada. Se puede ser formalmente socio y materialmente un trabajador precarizado sin capacidad real de decisión sobre el propio hacer.

Las «cooperativas de Inditex», El Corte Inglés y la parodia del cooperativismo

En los años setenta y ochenta, algunas grandes empresas textiles españolas —con Inditex y El Corte Inglés a la cabeza— desplegaron una estrategia organizativa que hizo fortuna bajo el nombre de «cooperativas de costura». El esquema era aparentemente impecable: grupos de mujeres se constituían formalmente como cooperativas de trabajo asociado, facturaban a la empresa matriz y cosían prendas a destajo en sus propios locales o casas, con sus propias máquinas, bajo el paraguas jurídico cooperativo. Había estatutos. Había asambleas. Había registros. Todo estaba en regla.

Pero las decisiones sobre qué coser, en qué plazos, con qué materiales, a qué precio y bajo qué condiciones no las tomaban las socias. Las tomaba la empresa matriz, que fijaba pedidos, ritmos y precios -y por tanto salarios y ritmos- sin que las cooperativistas pudieran intervenir más que para aceptar o darse de baja. La asamblea no gobernaba el hacer productivo: como mucho, administraba las consecuencias de decisiones ajenas. Las trabajadoras cargaban con el riesgo empresarial, con la inversión en maquinaria, con la irregularidad de los encargos y con la ausencia total de compromiso de continuidad por parte de la matriz. Eran, en los hechos, trabajadoras externalizadas que cargaban con los costes y las incertidumbres que la gran empresa no quería sufrir.

A eso no se le puede llamar cooperativa de trabajo asociado, es un disfraz jurídico para mantener trabajo subordinado sin reconocerlo como tal, para esquivar responsabilidades laborales, para mantener a cientos de mujeres atadas a una cadena de suministro sin voz ni voto real sobre su vida laboral. En la segunda mitad de los ochenta y principios de los noventa este modelo se abandonó en Galicia, Extremadura, Valencia o Andalucía, pero se trasladó a otros países como Turquía donde los salarios eran aún más bajos renunciando a la fórmula cooperativa, convirtiendo al capataz local en empresario formal.

Lo que aprendemos de esta experiencia es que incluso aunque la cooperativa nazca de una iniciativa real de los trabajadores, si sólo existe un cliente no habrá soberanía real. Y sin soberanía el trabajo asociado es una parodia de sí mismo.

Mondragón: Cuando la cooperativa reproduce la multinacional

El segundo caso es más contemporáneo y quizá más doloroso, porque afecta a una experiencia que muchos consideran el gran referente del cooperativismo de trabajo en todo el mundo: Mondragón Corporación Cooperativa.

Aquí el problema no es la externalización encubierta, sino la internacionalización que divide a los trabajadores en dos categorías esenciales: los que deciden y los que obedecen. Cuando cooperativas de trabajo de MCC se convierten en propietarias de plantas industriales en India, China, Polonia o México con cientos de trabajadores asalariados que no son socios, que no participan del gobierno del grupo, que no comparten los beneficios ni la capacidad de decisión, algo fundamental se ha roto.

El producto que sale de esas fábricas es el resultado del trabajo coordinado de miles de personas, pero esas personas no comparten el mismo estatuto. Unas deciden el qué, el cómo, el cuándo y el para qué, aunque coartadas por el gerencialismo. Otras ejecutan, cobran un salario de mercado y no tienen ninguna capacidad de intervención sobre el sentido de su trabajo. La relación entre ambas partes no es cooperativa: es una relación de subordinación idéntica a la que mantendría cualquier multinacional con su plantilla.

Ésto no es un detalle menor ni una concesión inevitable al realismo económico. Es una fractura moral y política que desnaturaliza la cooperativa. Porque una cooperativa de trabajo que necesita trabajadores sin poder para sostener su competitividad está confesando algo grave: que su modelo no es universal, que su forma de producir no puede extenderse sin generar escasez para terceros. Las cooperativas maximalistas no aspiran a ser una isla de democracia rodeada de subordinación ajena. Aspiran a prefigurar una economía donde quien trabaja decide, y eso vale para todas las personas que intervienen en la producción, estén donde estén. Si tu competitividad exige que haya trabajadores sin voz en algún eslabón de la cadena, no has transformado el capitalismo: lo has externalizado.

Lo importante en la expresión «Cooperativa de Trabajo Asociado» es «Trabajo asociado»

Una cooperativa de trabajo no es una forma jurídica útil para emprender en grupo. No es una pyme con asamblea. No es una empresa convencional con mejor clima laboral y gestos participativos. Es otra cosa. Es una célula de abundancia organizada.

Eso significa muchas cosas a la vez. Significa que debe producir bienes y servicios, sí, porque de lo contrario no hay soberanía material posible. Pero también significa que debe producir capacidades: formar personas, ensanchar su comprensión del mundo, desarrollar su potencia productiva y social. Debe crear comunal: conocimientos, herramientas, relaciones, infraestructuras que permanezcan accesibles más allá de la lógica de mercado. Debe compartir saber en lugar de atesorarlo. Debe construir redes de interdependencia con otras iniciativas y con el territorio. Debe reducir dependencias estructurales, no multiplicarlas. Debe abrir caminos para que otras personas puedan incorporarse sin tener que empezar de cero cada vez.

Las cooperativas maximalistas quieren demostrar, con hechos, que la vida económica puede organizarse de otra manera. No desde el discurso, sino desde la práctica cotidiana. No queremos ser empresas amables. No queremos limitarnos a competir en el mercado con una estructura interna un poco más horizontal. Queremos construir una comunidad productiva capaz de sostener vidas, recuperar espacios, crear herramientas, generar ingresos, compartir saberes y ensanchar la libertad material de quienes participan en ella y de su entorno.

Y es que lo importante en la expresión «Cooperativa de Trabajo Asociado» es «trabajo asociado», es decir, parte de reconocer que sólo desde la centralidad del trabajo puede darse universalmente satisfacción a las necesidades humanas.

La asamblea no basta

Todo esto desplaza la atención desde los formalismos hacia las dinámicas reales. Porque una cooperativa puede tener asamblea y, sin embargo, funcionar de manera profundamente antidemocrática. Basta con que la información relevante no circule. Basta con que los debates importantes lleguen cocinados por quienes controlan los datos y los contactos, como ocurre en los modelos gerencialistas. Basta con que la supuesta complejidad técnica se utilice como barrera para que solo unos pocos entiendan lo que está en juego. Basta con que el conflicto se evite en lugar de elaborarse, y que las tensiones se acumulen sordamente hasta pudrir los vínculos.

La asamblea es solo una pieza. Lo decisivo es lo que ocurre antes, durante y después: cómo se distribuye la información, cómo se aprende colectivamente, cómo se trabaja día a día, cómo se cuida a las personas, cómo se cobra, cómo se toman las decisiones operativas, cómo se gestiona el desacuerdo y cómo se evita que la carga burocrática y los costes de control alimenten a una capa gerencial que acabe capturando la organización. Una cooperativa no es democrática porque lo digan sus estatutos. Es democrática cuando cualquier persona que entra en ella puede, con tiempo y acompañamiento, entenderla, transformarla y sostenerla junto a las demás. Si eso no ocurre, la democracia es una liturgia vacía.

Soberanía no es votar lo que otros ya han decidido

Como vemos en los casos de las cooperativas de Inditex o las cooperativas de El Corte Inglés, pero también cuando los trabajadores de Fagor -la coop madre de MCC- se manifestaron contra sus gerentes la pregunta relevante no es si una cooperativa celebra asambleas. La pregunta es ¿esa asamblea gobierna realmente algo?

Gobernar no es votar sobre lo que otros ya han decidido. Gobernar es comprender las condiciones en las que se produce, deliberar sobre las alternativas posibles, asumir las consecuencias de las decisiones y, con ello, construir capacidad colectiva. Cuando eso no existe, la cooperativa puede conservar el nombre, los papeles y la apariencia, pero ha mutado su naturaleza como grupo de trabajadores asociados, si es que alguna vez la tuvo.

Una forma superior de organización económica

Al contrario del discurso desleído del falso pragmatismo gerencialista, una cooperativa de trabajo digna de ese nombre no debe aspirar a ser una empresa convencional con mejores modales. Debe aspirar a ser una forma superior de organización económica. Superior no significa más rentable, sino más sostenible, más inteligente y soberana, más colectiva, más estable en sus vínculos y, sobre todo, más capaz de producir abundancia para la comunidad en la que se inserta.

Más inteligente porque aprovecha el conocimiento distribuido de todas las personas que la integran, en lugar de concentrarlo en una cúpula gerencial que lo usará para hacerse imprescindible y atrincherarse. Más soberana y libre porque reduce las dependencias que atan a las personas a trabajos sin sentido, a ritmos ajenos y a decisiones inapelables. Más colectiva porque la capacidad de acción no reside en individuos aislados sino en conocimiento compartido y en un tejido de relaciones que se cuidan y se fortalecen. Más estable porque los vínculos no se rompen ante la primera dificultad, sino que se sostienen sobre la responsabilidad mutua y el compromiso con un proyecto compartido. Y más capaz de producir abundancia porque entiende la abundancia como un proceso comunitario, no como la acumulación privada de excedentes.

Recuperar el nombre para recuperar el significado

Se llama cooperativa de trabajo asociado a muchas cosas. Algunas lo merecen. Otras no. Y mantener el nombre para lo que no lo merece tiene coste: degrada el lenguaje, confunde los imaginarios y desarma la capacidad de distinguir lo que transforma de lo de precariza, la abundancia de la escasez.

Hoy rebelarse contra la designificación de los términos que dan sentido al discurso no es purismo, es no dejar que nos den gato por liebre, es no dejar que se desarme conceptualmente a los que vienen detrás. Es atreverse a decir en voz alta que más de un emblema del cooperativismo oficial no es sino una forma más o menos atenuada de subordinación laboral. Es no ser tímidos a la hora de defender que una cooperativa de trabajo solo es tal cuando las personas que trabajan gobiernan efectivamente su hacer. Y significa, sobre todo, atreverse a construir abundancia con la responsabilidad que implica y la belleza que crea.

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