El mandato constitucional
El artículo 129 de la Constitución española no contiene ninguna ambigüedad ni permite lecturas alternativas. Según la propia letrada de las Cortes en él «la participación [en la empresa] se impone como un imperativo constitucional».
Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Artículo 129.2 de la Constitución española
La primera parte de este mandato, dotar a las cooperativas de legislación adecuada, puede darse por cumplida con la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. No nos cansaremos de reivindicarla como la mejor ley de cooperativas existente en el mundo y de proponerla como modelo, especialmente en lo que se refiere a las cooperativas de trabajo, al menos para Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica.
Pero la segunda parte, establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción, se quedó en el olvido, por mucho que se reconozca como parte de la llamada Constitución económica y se acepte el carácter imperativo de ésta.
La urgencia de desarrollar este mandato constitucional en el marco económico y político europeo actual
Que Europa está sufriendo una fuerte tendencia a la desindustrialización no es un delirio catastrofista de Draghi, es realidad económica cotidiana. Y resulta que en ese marco facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción constituye una respuesta efectiva, entre otras cosas porque una empresa no rentable puede convertirse en una cooperativa de trabajo viable con más facilidad y efecto sobre el empleo que ninguna otra alternativa.
Dos países europeos han regulado para favorecer las compras de empresas por sus trabajadores: Italia y Francia. Los resultados en ambos han sido muy positivos y ambos se plantean reforzar mediante nuevas leyes y fondos el camino ya recorrido. Tienen un doble objetivo: facilitar la continuidad de empresas industriales en quiebra y asegurar la continuidad intergeneracional de PYMEs cuyos propietarios se jubilan y buscan compradores.
Italia
En Italia el consenso sobre la experiencia recorrida muestra incluso que es rentable en términos económicos para Hacienda y Tesorería de Seguridad Social, dar facilidades y dotar de fondos estas adquisiciones.
El impacto económico y social de estas operaciones es significativo: cada euro público invertido genera un retorno de aproximadamente 8 euros en términos de ingresos fiscales y de seguridad social, lo que convierte a la compra por los trabajadores en un modelo económicamente sostenible y útil para la comunidad.
En 2023, CFI apoyó a 53 empresas cooperativas regeneradas, con una inversión total de 57,5 millones de euros. Esto ayudó a salvar aproximadamente 2.100 puestos de trabajo.
Cuando hablamos de consenso hablamos de los propios inversores también. El grupo Ambrosetti, uno de los referentes de la industria y las finanzas del Norte italiano con más proyección europea, quiere asociarse a las compras de empresas por sus trabajadores.
¿Qué pasaría si hubiera más incentivos, más posibilidades y más capital para la compra de empresas por los trabajadores? Ésta es la pregunta a la que Ambrosetti quiere responder formando un consorcio con Amundi, CoopFond y La Casa Europea, bajo la hipótesis de que crear un fondo ad hoc para lo que es un mecanismo virtuoso, capaz de defender la producción y el empleo.
Francia
Hemos referido muchas veces en los últimos meses a la compra de emrpresas emblemáticas como Duralex o Bergères de France por sus trabajadores. Francia es el centro del despertar cooperativo que está viviendo Europa pero también el laboratorio de su reconceptualización al servicio de un modelo democrático europeo en búsqueda urgente de participación social.
Es una oportunidad para arrojar luz sobre los numerosos efectos beneficiosos de la gobernabilidad democrática. Esto permite, en particular, limitar las deslocalizaciones, invertir a largo plazo y hacia la transición ecológica. A nivel individual, mejora el bienestar de los empleados fomentando la transparencia, la comunicación y ofreciendo oportunidades de formación y promoción interna. Finalmente, a nivel de la propia empresa, la gobernanza participativa conduce a un mejor desempeño y sostenibilidad. Como hilo conductor está la idea de que la participación en las empresas contribuye a la vitalidad democrática.
Así, la experiencia de participación en la empresa es similar a aprender democracia y deliberación, permitiendo comprender la alteridad, ejercitar el pensamiento crítico y encontrar compromisos. También es una manera de frenar la indiferencia hacia las cosas colectivas, de sentirnos más responsables y valorados. La participación de los empleados en la deliberación, la autonomía que se les concede y la responsabilidad que se les confía contribuyen a configurar la participación ciudadana, superando así el ámbito económico.
En las SCOP, la tasa de participación de los empleados y directivos en acciones colectivas es casi el doble que la de los empleados y directivos de las empresas tradicionales. Una encuesta de OpinionWay realizada en septiembre de 2020 revela que el 72% de los empleados de Scop se dedican a actividades asociativas, sociales, medioambientales, humanitarias, sindicales o políticas, frente al 31% en las empresas tradicionales. Para los directivos, estas cifras ascienden al 72 % y al 39 % respectivamente.
¿Un resto del pasado o una oportunidad de futuro alineada con Europa?
Cuando se redactó la Constitución en 1978, las cooperativas de trabajo eran un referente social de primer orden. Desde entonces hasta hoy, de la mano de una Alianza Cooperativa Internacional cada vez más centrada en un modelo cooperativo que invisibiliza el trabajo, el tejido asociativo del cooperativismo de trabajo español ha languidecido hasta la práctica irrelevancia en el debate público actual. Diluirse en la llamada Economía social, desde luego no es solución y el por qué, se ve claramente cuando llega la hora de la verdad exactamente en los términos que la Constitución prevé.
Hoy por hoy, en toda Europa el cierre de factorías industriales y empresas pequeñas y medianas, no tiene posibilidad alguna de ser enfrentado en el marco de la Economía social. Sólo la compra de la propiedad por los trabajadores, constituidos en Cooperativa de Trabajo, puede cortar la sangría.
Francia e Italia han desarrollado marcos legales y financieros para avanzar más rápido por ese camino. Alemania está en ello. En España es un mandato constitucional establecido hace ahora 46 años. ¿No es hora de dar un paso adelante?