Según los planes adoptados en 2022, Japón ha incrementado su gasto en defensa hasta aproximadamente el 1,4% del PIB, y la primera ministra Sanae Takaichi ha indicado que aumentará hasta el 2%. Es probable que supere esa cifra, posiblemente incluso hasta el objetivo del 3,5%, ahora generalmente aceptado en Europa. El resultado no es solo una mejora general de los sistemas de armamento japoneses (con un número de efectivos militares estable), sino también la adquisición de nuevas capacidades. Japón está adquiriendo abiertamente lo que denomina armas de "contraataque", es decir, misiles de diversos tipos capaces de alcanzar objetivos en la China continental. Está invirtiendo en operaciones cibernéticas y espaciales, así como en defensas aéreas y antimisiles mucho más robustas. Está construyendo refugios de hormigón y excavando túneles para la defensa pasiva contra ataques chinos a sus bases, algo que Estados Unidos, inexplicablemente, no ha hecho ni en Asia ni en Oriente Medio. Japón está dispuesto a financiar su industria de defensa mediante la exportación de armas. Este año creó su primera agencia de inteligencia centralizada —la Oficina Nacional de Inteligencia— desde la Segunda Guerra Mundial.

Lo más interesante de todo es el cambio en la actitud japonesa hacia las armas nucleares. La política japonesa respecto a estas armas tras la Segunda Guerra Mundial se basaba en el trauma de ser el único país que había sufrido un ataque nuclear. En este viaje, apenas oí hablar de Hiroshima o Nagasaki, pero sí mucho sobre disuasión.

Más concretamente, funcionarios y expertos japoneses coincidieron prácticamente unánimemente en la necesidad de abandonar al menos uno de los tres pilares de su política nuclear: la prohibición de introducir armas nucleares en territorio japonés. Estaban deseosos de explorar la posibilidad de acuerdos con Estados Unidos similares a los que mantienen con Alemania u otros países europeos, en los que ambos países controlan el armamento nuclear, lo que se conoce como doble llave.