Para nacer, la Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual tuvo que pagar desde 1985 una cuota de sangre y muertos, sobrevivir a más de mil días de huelga, a penurias económicas de los trabajadores y sus familias, a la pérdida de sus plantas originales y a la indiferencia del gobierno. Cuarenta y un años después, el impuesto a las bebidas azucaradas, su expulsión de las escuelas y un mercado que favorece a las refresqueras trasnacionales la tienen –otra vez– contra las cuerdas.