Hay más maximalistas de lo que parece
La idea de este primer sondeo era descubrir si hay agua en la piscina para Communalia.eu. Primera impresión: la hay. En una primera ronda, buscando durante unas horas en nueve países europeos, encontramos siete cooperativas de trabajo que, claramente, cumplen lo que pensábamos iba a ser más difícil:
- Ser una comunidad de trabajo -es decir, no ser una plataforma de comercialización de servicios de trabajadores independientes;
- Apostar por el conocimiento y el software libres como forma de relación con los productos intelectuales de su trabajo y sus herramientas digitales;
- No tener ánimo de lucro y repartir salarios igualitarios (ponderados con las necesidades de cada uno, no por lugares jerárquicos);
- Funcionar por consenso
Casi a otras tantas, con webs más orientadas a producto o cliente que a contar qué son, les tendremos que escribir y preguntar. La discreción es más que comprensible según en qué entornos y mercados.
Lo importante: hay un cierto movimiento, ni siquiera somos los primeros en ponernos a buscar.
Sólo en uno de los nueve países en los que buscamos no hemos encontrado ninguna cooperativa candidata: Portugal. De hecho, apenas hemos encontrado un puñado de cooperativas de trabajo. Y es que hay más cooperativas de trabajo en Mérida, Badajoz, que no llega a 60.000 habitantes, que en todo Portugal. Ni hablemos de provincias como Alicante, donde hoy por hoy se están creando más de 150 al año.
¿Por qué hay muchas más cooperativas de trabajo en España que en Portugal?
Los españoles suelen pensar que la historia contemporánea de Portugal es paralela a la española. Es cierto que hay paralelismos reseñables. A fin de cuentas ambos países sufrieron dictaduras militares de ideología nacionalista y clerical durante cuarenta años. Pero cuando bajas a las cosas concretas los parecidos no lo son tanto.
En el caso español, durante la guerra y los años inmediatamente posteriores se produce un verdadero arrase seguido de la expropiación de activos -y la repartija entre empresarios amigos- del amplio movimiento cooperativo de trabajo, fortalecido durante el año de revolución (19 de julio de 1936 a mayo de 1937) por las colectivizaciones obreras y jornaleras. En Portugal, donde la dictadura se encuentra con un movimiento cooperativo más débil y nunca hubo una revolución, el Estado Novo, a falta de algo mejor, se centrará en reprimir a las cooperativas culturales.
En ambos países el cooperativismo oficial será, en un principio exclusivamente un cooperativismo de propietarios agrarios pobres, dirigido y alentado por la Iglesia católica que experimentará lo que considera la principal expresión de su doctrina social. Por eso la gran mayoría de las cooperativas agrarias en ambos países siguen teniendo nombres de santos y vírgenes.
Pero en España ocurre un hecho singular: la llegada a Mondragón tras la guerra del padre José María Arizmendiarrieta. Arizmendarrieta, que había pedido en el 39 a su obispo marchar a Bélgica para estudiar allí el movimiento cooperativo católico, no parará hasta poner las primeras piedras de lo que hoy es Mondragón Corporación en 1955.
Arizmendarrieta tendrá un inesperado viento de popa. En 1961 se publica la encíclica Mater et Magistra (1961), que refuerza el cooperativismo como alternativa clerical a las aspiraciones de una sociedad sin clases. Este renovado foco en el cooperativismo amarillo (llamado así por ser el color de la bandera Vaticana) convertirá a las cooperativas de Mondragón en un modelo para los jóvenes activistas católicos y le granjeará las simpatías de la facción democratacristiana del régimen (Ruíz Jiménez, Riaza, etc.), que actuará desde dentro del gobierno y el estado franquista como un poderoso lobby cooperativo.
De ese modo, la legislación cooperativa española irá tomando forma a medida de las necesidades del crecimiento de Mondragón. Por eso, ya antes de la Ley General de Cooperativas de 2001, era ya la legislación más completa, clara y flexible del mundo.
Nada de eso pasó en Portugal, así que cuando tras la Revolución de los Claveles y la entronización de Juan Carlos I en España, las nuevas constituciones encomendaron explícitamente al estado el fomento del cooperativismo, lo que la palabra cooperativa evocaba en cada país era sustancialmente distinto.
En España evocaba entre los jóvenes politizados y urbanitas el éxito de Mondragón: grandes industrias de consumo, modernas y dirigidas por una generación de jóvenes gestores universitarios, idealistas e innovadores, nacidos de familias trabajadoras y campesinas. La cooperativa del imaginario urbano que hizo la Transición era industrial y de trabajo, y el apoyo al cooperativismo un adorno progresista -que acabaría siendo ritual hasta los 2010- de los programas electorales tanto de la derecha como de la izquierda.
En Portugal en cambio, la palabra cooperativa remitía al mundo agrario y a la resistencia de la pequeña propiedad ante la revolución verde que estaba detrás de la gran migración rural de los sesenta.
Y ésto era importante. Porque tanto el PCP como el PSP, los verdaderos protagonistas del escenario político tras el 25 de abril, habían seguido defendiendo la oportunidad de realizar una reforma agraria basada en la instauración de minifundios, al estilo de Allende en Chile unos años antes. Era una contradicción porque a fin de cuentas, el drama del campo era la creciente inviabilidad de la pequeña propiedad cuando la agricultura cada vez estaba más capitalizada y tecnificada. Así que colocaron la mala solución junto a su parche, las cooperativas agrarias. Y aunque finalmente, la reforma agraria se limitó a unas cuantas expropiaciones impulsadas por el PCP en el Alentejo entre 1975 y 76, la fórmula cooperativa quedó ligada definitivamente a lo agrario... y a los fracasos de los primeros años después de abril.
Y así, las nuevas leyes democráticas prohibieron a las cooperativas actuar en sectores como el bancario, los seguros, el transporte internacional de mercancias o incluso las agencias de viajes, haciendo del todo imposible un Mondragón portugués.
Cuando finalmente, siguiendo la lógica armonizadora de la UE, Portugal crea, ya en el siglo XXI, una ley de cooperativas moderna, la hace al dictado de la ACI/ICA (International Cooperative Alliance), a quien cita directamente desde el primer artículo como fuente de la definición de cooperativa.
Ya hemos publicado nuestra crítica de conjunto a la ACI. Está en el origen mismo de Communalia, pero baste señalar que la ley portuguesa distingue las coops por ramos como si todo fueran coops de consumo o de propietarios asociados, y que los trabajadores sólo aparecen como tales en tanto que asalariados a cargo de una cooperativa que ni se menciona que pueda ser de ellos. Por supuesto permite crear cooperativas de trabajo, pero las invisibiliza al punto de no darles ni nombre.
Esta acidificación del suelo legal y del reconocimiento público es central para explicar por qué el cooperativismo de trabajo no ha germinado en Portugal.
La ACI, las grandes empresas y la dilución de las cooperativas de trabajo en Europa y en España
Desde que se internacionalizó, Mondragón suscitó, especialmente durante y tras la crisis de 2008, críticas de competencia desleal por los grandes fabricantes de electrodomésticos alemanes y franceses. Esgrimían no un tratamiento fiscal mejor -las ayudas indirectas que ellos reciben sólo en precios especiales de electricidad, superan en mucho las ventajas que puedan tener las coops españolas- sino la capacidad de las cooperativas para evitar pérdidas cuando los trabajadores deciden bajar sus ingresos durante las crisis para evitar excedencias o salidas forzadas. La razón esgrimida nos puede parecer absurda, pero eso no quiere decir que no permee en una Comisión Europea que nunca ha tenido especial sensibilidad.
Unámosle a eso el papel de la ACI como interlocutor sectorial y tendremos una de la SCE (Sociedad Cooperativa Europea) que equipara literalmente las cooperativas transfronterizas a multinacionales y que cuando se traslada, incluso a España, acaba mandando a las cooperativas al registro mercantil. Quién nos iba a decir que defender el registro de cooperativas, dependiente del Ministerio de Trabajo, iba a acabar siendo una cuestión existencial.
Claro que tampoco es que el cooperativismo de trabajo haya recibido mucho amparo de los Ministerios de Trabajo y Economía Social de la deriva general de estos últimos quince años. En la legislación cooperativa autonómica tenemos ya supuestas cooperativas de trabajo en las que el número de votos puede variar en función del aporte económico del socio al unirse. Ya ha desaparecido hasta la Dirección General de Cooperativas, reconvertida en Dirección General de Economía Social. Es decir, el cooperativismo de trabajo se diluye en el de consumo vía ACI y el conjunto en la sopa aguada de la Economía Social, en la que ni el trabajo ni la propiedad colectiva por los que realizan el trabajo son un elemento significativo. De hecho son un tabú para las grandes mutuas, grupos empresariales con fines sociales, y fundaciones variadas que protagonizan las organizaciones sectoriales y gestionan el término.
El futuro del cooperativismo de trabajo en manos de la ACI es poco más que el de un ghetto invisibilizado y anulado en su aporte propio y único, dentro del marco necesariamente tibio de la Economía Social. El paso previo a la ansiada por muchos igualación de condiciones (=aumento de costes y exigencias burocráticas) con las grandes empresas de capital a escala europea.
Communalia
Este es el trasfondo de Communalia.
Estamos ya en una fase de desnaturalización abierta y total que sólo puede conducir a la desaparición de los fundamentos más básicos del cooperativismo europeo.
Y eso ocurre cuando es más necesario que nunca afirmar todo lo que el cooperativismo de trabajo maximalista, el original, significa en valores comunitarios y capacidad de transformación del entorno. Sólo por eso Communalia sería ya un esfuerzo necesario e importante.
Y sin embargo eso es sólo una parte de un objetivo más amplio:
-
Ensayar sistemas de apoyo y solidaridad entre cooperativas que sirvan para fortalecerlas y mejorar la vida de sus miembros.
-
Facilitar que las cooperativas asociadas se unan para crear productos y servicios conjuntamente, fortaleciendo la base económica de cada una y acelerando su crecimiento.
-
Impulsar proyectos internacionales de impacto social. Se trata de coordinar las capacidades de cooperativas, asociaciones y fundaciones, para ganar escala y alcance en todos los ámbitos de acción social en los que trabajamos, desde la revitalización rural al software libre.
-
Difundir y visibilizar el cooperativismo maximalista y sus principios en toda la UE.